N° 186: Poder Judicial debe alinearse al trabajo de la PNP y Fiscalía contra la ESNNA

Este caso, justifica la apreciación que la población tiene sobre el proceso de condena a los delincuentes. Recientemente, CHS Alternativo presentó los resultados del estudio sobre percepción de la ESNNA en el Perú, donde apenas el 9% señaló saber de alguien que fue castigado por este delito, esto significa que, apenas 30 de los 811 casos documentados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) entre 2011 y 2013, llegaron al Poder Judicial.

Nos queda claro que pesar del involucramiento de la Policía Nacional y de la Fiscalía, el Poder Judicial, quien emite la sentencia por el delito, no termina de acoplarse a este trinomio que debe impartir justicia, cuando no cumple con el rol sancionador que le corresponde; por ejemplo, al interior del Penal San Jacinto de Iquitos, de toda la población carcelaria, solo existen dos casos de internos recluidos por trata de personas, abismal paradoja cuando muchas personas denominan a esta ciudad como un paraíso sexual por excelencia, y donde a través de un estudio se ha comprobado que  se ofertan a niñas según edad y condición, una niña virgen de 14 años puede costar hasta 800 soles, mientras menos sea la edad, mayor es el precio.

Evidentemente no es suficiente el trabajo que se realiza, sin embargo desde el 2015 la problemática de la ESNNA se ha sacado a la luz con más fuerza, el trabajo coordinado entre distintos sectores públicos y privados, ha direccionado mensajes colocando en la agenda pública este tema con el fin de proteger a este grupo de población en riesgo. Acciones como la campaña Cárcel es muestra de ello, liderada por CHS Alternativo, buscó mediatizar el problema y dirigir la mirada sobre aquel que explota a la víctima, apuntando a generar una sanción social desde los prestadores de servicios turísticos, los comerciantes, los medios de comunicación y la población general.

Consideramos que iniciativas como las mencionadas, y los grandes esfuerzos que realizan la policía y la fiscalía pierden valor porque las diferentes interpretaciones legales de la normatividad vigente imposibilitan el dictamen de la sanción contra aquellos a los que se encuentren responsables. Se requiere mayor rectoría desde el gobierno central con el fin de fortalecer el trabajo de los funcionarios de las regiones especializados en explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, y en trata de personas; se requiere además  un presupuesto que les permita tener las herramientas suficientes para buscar en menor tiempo las pruebas necesarias para probar la culpabilidad de quien delinque y evitar que se siga poniendo en libertad a proxenetas como “cuchara” quien no tardó en cambiar de celular y continuar explotando a niñas y niños y adolescentes en Iquitos.