Un nuevo gobierno y un nuevo Congreso han iniciado funciones y se encuentran en proceso de organización y planificación, lo que genera, como es típico, una incertidumbre funcional que en algunos casos lleva a la parálisis. Mientras tanto, la trata de personas no espera. Las redes criminales, sin importar su dimensión o estructura, siguen captando cada 10 minutos a una víctima de trata, y 200,500 personas siguen esperando salir de la situación de explotación en la que se encuentran, según el Índice Global de Esclavitud. Necesitamos que este periodo sea el más breve posible porque la lucha contra la trata debe continuar.
El Ejecutivo tiene funciones que cumplir y se necesitan acciones urgentes. Por ejemplo, el plan de los 100 días del Ministerio del Interior contempla medidas contra el crimen organizado, que necesariamente deben impactar en la lucha contra la trata de personas. Aunque no se menciona explícitamente la lucha contra este delito, entendemos que medidas como el fortalecimiento de los órganos de inteligencia, la realización de megaoperativos, la conformación de equipos policiales especializados, rigurosos controles contra la corrupción e, inclusive, el programa de recompensas, tendrán en cuenta la urgencia de perseguir este delito. Por supuesto, las responsabilidades del Ejecutivo no se reducen a perseguir el delito y urge también fortalecer los servicios asociados a la atención de las víctimas (por ejemplo, los servicios de salud mental), contar con albergues para víctimas adultas y aumentar los albergues especializados para niñas y niños, fortalecer el servicio de abogacía para víctimas para generar un equipo de respuesta rápida, especializado y eficaz en sus intervenciones frente a los órganos de justicia, entre otros aspectos.
El sistema judicial tiene el gran pendiente y reto de adoptar medidas eficaces para reducir la impunidad y la corrupción que se evidencia en cada proceso judicial contra tratantes. Esto se evidencia en que de 100 personas procesadas, solo 2 han recibido sentencias condenatorias. El Poder Judicial en especial debe asumir protagonismo frente al Lineamiento General N° 6 de la Política Nacional contra la Trata de Personas que orienta la acción del Estado hacia un mejor procesamiento y sanción de las personas victimarias. En especial, debe existir una justicia predecible para la sociedad y que repara el daño causado a las víctimas, quienes deben percibir que sus denuncias tienen consecuencias positivas para su proceso de recuperación.
El Congreso también tiene una agenda pendiente y es necesario retomar el trabajo multipartidario que caracterizó al Congreso anterior, donde la principal responsabilidad recae, no hay duda, en la primera mayoría. Una de las más importantes tareas a corto plazo es la aprobación de un presupuesto para el año 2017 que demuestre un compromiso compartido entre el gobierno y el Congreso por la lucha contra la trata. El Congreso debe fiscalizar que el gobierno central, los gobiernos regionales y locales, así como los órganos constitucionalmente autónomos, hagan uso del pliego presupuestal establecido por ley, y responsabilizarse que este pliego sea aprobado.
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