La imagen ya se ha hecho cotidiana en las pantallas de televisión: policías pateando puertas en saunas, discotecas y hoteles para detener a las prostitutas que trabajan allí y mostrarlas ante la prensa como parte de una red de trata de personas que las explota sexualmente. Lo más grave no es que con esto pretendan justificar operativos ante la prensa, sino de que en realidad no hayan hecho la suficiente labor de investigación como para aseverar que están ante este tipo de víctimas.
En otras palabras, las autoridades desinforman a la población.
Porque confundir los términos y contabilizar a prostitutas como víctimas rescatadas de trata implica, en el fondo, aumentar los prejuicios que rodean a este oficio. Y peor aún, contribuye a que la gravedad de la trata de personas en su modalidad de explotación sexual siga pasando desapercibida: el ciudadano de a pie sigue creyendo que son sinónimos.
Una diferencia muy sutil contrasta ambas actividades: el consentimiento y, por ende, la libertad.
Si una persona establece el sexo como parte de una transacción comercial y se ocupa en ello a voluntad, entonces no habría delito: está ejerciendo su derecho a trabajar. De allí que la prostitución en sí no sea considerado un delito: solo lo es cuando se presentan las figuras de proxenetismo o rufianismo. La sanción moral a la prostitución -basado en prejuicios y creencias culturales- será otra cosa, pero no tiene carácter legal que lo condene.
Sin embargo, si una persona ejerce la prostitución en contra de su voluntad y permanece encerrada dentro del lugar, entonces ahí sí se podría hablar de trata con fines de explotación sexual. Es más, a veces la persona ni siquiera necesita estar secuestrada: puede estar coaccionada. El miedo a las amenazas contra su vida y la de su familia la impulsa a seguir ejerciendo la prostitución.
En todo caso, la comparación más precisa de trata de personas con fines de explotación sexual sería la violación sexual, porque en ella no hay consentimiento ni libertad para elegir a la pareja: solo un sometimiento total a los deseos carnales de alguien. Y aquí suele no haber diferencia entre niños y adultos, hombres y mujeres: todos terminan doblegados.
Entramos entonces al terreno de las creencias culturales: si la población suele ofuscarse cuando se entera de la violación de una menor de edad, ¿por qué no siente lo mismo cuando se entera de un caso de trata por explotación sexual? Quizá porque se confunde la trata con la prostitución.
Porque la gente suele decir: esa chica es prostituta y está en ese burdel solo porque quiere.
No se percata de que su situación es en realidad la de una violación permanente y dramática. Un atentado sistemático contra su vida.
Ese pensamiento recurrente no es solo el de la población peruana: según el ex Defensor del Pueblo Walter Albán, también lo es el de los hombres de leyes y la policía, quienes en la práctica poco hacen por comprender el problema y sus alcances. Porque como se puede observar, la diferencia es bastante tenue. La relación entre víctima y victimario es subterránea y oculta, y en ello radica precisamente su poder delictivo. Una relación que solo podría conocerse con una investigación policial a profundidad. Exactamente esa investigación que la policía muchas veces prefiere pasar por alto.
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