Caso «La Noche». Entrevista a Carolina Garcés. Adjunta para los Derechos de la Mujer. Defensoría del Pueblo.
¿Cuál es la posición de la Defensoría del Pueblo sobre la sentencia recientemente emitida en Piura?
Como Defensoría del Pueblo siempre hemos estado preocupados por la defensa de los derechos fundamentales de las personas ante el grave fenómeno delictivo que es la trata. En este sentido, por el hecho de que la señora Pinchi se haya atrevido a denunciar, era fundamental realizar el seguimiento en el marco de nuestras funciones constitucionales y legalmente atribuidas, a fin de ver que efectivamente el estado cumpla con su rol en lo que es prevención y en este caso investigación adecuada, sanción y reparación a la víctima.
¿Cuál sería el escenario para las víctimas de trata de personas en el Perú, si se absolviera a todos los procesados del caso La Noche?
Nos ha preocupado muchísimo conocer que la sentencia emitida recientemente ha terminado absolviendo a cuatro de los principales procesados en este caso. Esto genera una serie de consecuencias, no solo incrementando el riesgo de la seguridad de la víctima, sino también generando una desconfianza mayor en nuestro sistema de justicia, desincentivando la denuncia por parte de las víctimas por temor a las represalias, como saben este delito es cometido por organizaciones criminales, y porque fortalece la posición de los perpetradores vulnerando finalmente el derecho de acceso a la justicia, que es un derecho fundamental reconocido por la constitución y las normas internacionales ratificadas por el Perú.
¿Qué acciones tiene prevista la Defensoría del Pueblo sobre este caso?
En el marco de nuestras funciones y en coordinación con la oficina Defensorial de Piura nosotros hemos decidido intervenir. Esta intervención Defensorial implica fundamentalmente centrarnos en la presentación y evaluar en función del contenido de la sentencia, lo que nosotros denominamos un «amicus curiae», presentarlo y obviamente participar en su momento en la audiencia que se va llevar a cabo en el proceso una vez concedida la apelación. También vamos a manifestar nuestra preocupación respecto a que se sigan manteniendo las medidas de protección de la señora Jhinna Pinchi, que en este momento entendemos se encuentra en una situación de riesgo y mayor vulnerabilidad.
¿Tiene previsto la Defensoría supervisar la situación de la señora Jhinna Pinchi en el Programa de protección y asistencia a víctimas y testigos del Ministerio Público?
Nosotros desde un inicio hemos saludado que el Ministerio Público haya llevado a cabo el Programa de Protección a Víctimas y Testigos las acciones necesarias para garantizar la seguridad de la señora Pinchi, y sin duda es de especial preocupación de la Defensoría, en el marco de sus responsabilidades, intervenir de un lado, evaluando el contenido de la sentencia y también exhortar para que se mantengan estas medidas de seguridad o que se refuercen en el cuidado de la señora Pinchi que está en una situación especial de vulnerabilidad, temor y desconfianza con esta absolución.
Durante el proceso se ha sancionado administrativamente a un fiscal, lo que corrobora los actos corrupción denunciados durante el mismo. Qué opinión le merece los actos de corrupción vinculados a la trata de personas en el Perú.
Como Defensoría del Pueblo hemos expresado nuestra preocupación por el problema que existe en cuanto al tratamiento del Estado del fenómeno de la trata, lo complejo del delito, los problemas conceptuales que de por sí genera, el hecho de que por lo general es un problema agravado cuando se trata de organizaciones criminales y sin duda también hemos hecho referencia a que muchas veces el problema de la corrupción termina agravando toda la problemática de la trata ya de por sí compleja. Por esta razón, nosotros vamos a evaluar el contenido de la sentencia, y en el marco de nuestras funciones, sin duda vamos a estar como hasta el momento lo hemos hecho especialmente interesados en actuar para que el sistema de justicia del Estado de una respuesta en este caso concreto y que también comience a generar respuestas mucho más integrales sobre la trata.
¿En el Informe Defensorial 158 señalan que los sentenciados por trata reciben penas por debajo de lo establecido por la ley, esta sentencia confirmaría esta situación?
Estamos preocupados porque la fiscalía en este caso concreto había pedido el máximo de la pena, que es 35 años, entonces nos preocupa tremendamente que no se haya dado una pena en esa proporción y se les haya absuelto. Es inconsistente que la fiscalía pida 35 años y sin embargo se termina absolviendo a estos principales responsables. Lamentamos realmente que en los casos de violencia contra la mujer se continúe generando una situación de impunidad a favor de los agresores y contra la víctima.
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