Eliana Revollar es abogada, educadora y ex defensora del Pueblo. En esta entrevista analiza la importancia de que las candidaturas asuman compromisos claros con la protección de derechos fundamentales, el fortalecimiento institucional y la lucha contra la impunidad.
¿Por qué es importante que quienes aspiran a cargos de elección popular tengan una posición clara sobre la protección de derechos fundamentales, incluso antes de asumir funciones?
Porque los derechos fundamentales no son un tema secundario ni opcional en la gestión pública. Son el marco que define cómo se ejerce el poder. Cuando una persona aspira a gobernar, debe demostrar desde el inicio que comprende que su autoridad estará limitada por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos.
No basta con hablar de crecimiento o seguridad; es indispensable saber cómo se protegerán la dignidad, la igualdad y las libertades de las personas en el país, con una lectura territorial de las diferencias que nos revela nuestra multiculturalidad. La ciudadanía tiene derecho a conocer esa posición antes de votar. La claridad previa genera confianza y permite evaluar coherencia en las candidaturas.
¿Qué riesgos pueden generarse cuando se aprueban normas que debilitan la persecución del crimen organizado o reducen garantías del debido proceso?
El marco legal que permite perseguir el delito debe ser firme y coherente. Si se debilita, el crimen organizado —que ya opera con alta capacidad de articulación y recursos— termina imponiéndose sobre el sistema público encargado de combatirlo.
Eso genera temor en la población, desconfianza en las instituciones y un clima donde fiscales, jueces y policías se culpan entre sí por los resultados y por los marcos regulatorios que no les permiten intervenir. Al final, quienes sufren son las personas: en sus derechos individuales, en la expansión de economías ilegales, en la captura de territorios y en el deterioro de la economía formal. La seguridad y el debido proceso deben fortalecerse juntos; debilitarlos es abrir espacio a la impunidad. Ello debe ir de la mano con políticas de lucha contra la corrupción muy presente en el tratamiento de estas situaciones.
A partir de la reciente aprobación de una nueva Ley 32535 – Ley de Igualdad de Oportunidades, que elimina el enfoque de género, ¿cuáles son los fundamentos constitucionales y técnicos que respaldan el enfoque de género como instrumento de política pública para acortar brechas, garantizar la igualdad y prevenir la discriminación?
El enfoque de género no es ideología. Es una herramienta técnica basada en el principio constitucional de igualdad y no discriminación, y en compromisos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará. Las mujeres somos más de la mitad de la población y, sin embargo, no tenemos las mismas autonomías económicas, políticas ni físicas en muchos espacios, eso se explica porque la desigualdad tiene nombre de mujer, la violencia se ejerce desproporcionadamente contra ellas en todos los espacios, desde el doméstico hasta los espacios públicos. El enfoque de género permite identificar esas brechas y diseñar políticas que las reduzcan. Costó años construir una política pública de igualdad de género que ayudara a cambiar patrones culturales, prácticas institucionales y formas de pensamiento dentro del propio Estado, y esta Ley desmonta todo lo avanzado. Sin esa herramienta, las políticas se vuelven aparentemente neutras, pero en la práctica invisibilizan desigualdades históricas y perdemos como sociedad, se afecta el desarrollo pleno de las personas, impacta en la calidad de vida y la economía, aunque no parezca.
¿Qué efectos puede tener su eliminación en la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad y en el cumplimiento de obligaciones estatales a nivel nacional e internacional?
La eliminación del enfoque de género puede tener efectos muy serios. No se trata solo de modificar una ley o un término técnico; se trata de debilitar una herramienta que permite al Estado identificar desigualdades estructurales y actuar para corregirlas.
El Estado peruano tiene obligaciones claras, tanto constitucionales como internacionales. El principio de igualdad y no discriminación está recogido en la Constitución, y además hemos asumido compromisos a través de la CEDAW, la Convención de Belém do Pará y el sistema interamericano de derechos humanos. Estos instrumentos no son declaraciones simbólicas: imponen deberes concretos de prevención, protección y garantía.
El artículo 44 de la Constitución establece como deber primordial del Estado “garantizar la plena vigencia de los derechos humanos”, lo que implica una obligación activa de protección y promoción. Este mandato se vincula directamente con el artículo 2, inciso 2, que reconoce el derecho fundamental a la igualdad ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole. La lectura conjunta de ambos artículos revela que la igualdad no es solo un principio formal, sino una exigencia material que obliga al Estado a adoptar medidas concretas para remover obstáculos y cerrar brechas estructurales. Por ello, cualquier debilitamiento de herramientas de política pública orientadas a prevenir discriminación o reducir desigualdades debe analizarse a la luz de estos mandatos constitucionales expresos y del deber estatal de garantizar derechos sin regresiones.
De otro lado, CHS Alternativo ha identificado que solo el 30% de los planes de gobierno hace referencia directa a la trata de personas, mientras que otros la abordan de manera indirecta o no la mencionan. ¿Por qué es importante que este tema sea tratado de forma expresa y específica por quienes aspiran a gobernar el país?
Porque la trata de personas es una de las formas más graves de explotación humana. No es un problema accesorio. Es una violación directa de la dignidad y libertad de las personas, que afecta principalmente a mujeres, niñas y personas en situación de vulnerabilidad.
Es importante que las candidaturas se pronuncien de manera clara frente a un problema extendido, muchas veces silente, que afecta a miles de personas y cuya verdadera magnitud probablemente supera con creces los casos que llegan a conocerse. Cuando una problemática no se menciona expresamente en los planes de gobierno, simplemente no ingresa en la agenda pública: no se asignan recursos suficientes, no se diseñan estrategias específicas y no se asume responsabilidad política directa sobre su prevención y sanción. El Estado peruano tiene obligaciones internacionales claras en esta materia, derivadas de tratados que forman parte de nuestro derecho interno; por ello, quienes aspiran a gobernar deben comprometerse explícitamente a enfrentarla con políticas sostenidas, presupuesto adecuado y mecanismos efectivos de protección.
¿Cuáles son los riesgos de abordar la trata de personas únicamente como un problema accesorio a otras economías ilegales, y no como una grave violación de derechos humanos con dinámicas propias?
Cuando se diluye la trata dentro del crimen organizado en general, se pierde el foco en las víctimas. La trata tiene dinámicas propias: captación, engaño, coerción, explotación sostenida. Requiere protección especializada, atención integral y reparación. Si se la trata solo como un delito económico, el énfasis se pone en las redes criminales, pero no en la restitución de derechos de las personas explotadas. Eso perpetúa ciclos de violencia y exclusión.
¿Qué rol tiene la ciudadanía frente a reformas legales que podrían afectar derechos fundamentales? ¿Qué mecanismos democráticos existen para que la sociedad civil participe, vigile y exija coherencia con los principios constitucionales?
La ciudadanía no es un espectador pasivo. Puede participar en audiencias públicas, presentar observaciones, ejercer vigilancia, promover acciones legales y movilizarse pacíficamente. La sociedad civil organizada cumple un rol clave en alertar sobre retrocesos. La democracia no se sostiene solo en elecciones periódicas; se sostiene en control ciudadano permanente. Cuando la sociedad exige coherencia con la Constitución, fortalece el Estado de derecho.
¿Qué lineamientos mínimos deberían guiar cualquier propuesta de gobierno comprometida con la democracia y los derechos humanos?
Primero, respeto irrestricto a la igualdad y no discriminación con base en la Constitución como lo hemos señalado. Segundo, fortalecimiento —no debilitamiento— de las instituciones de justicia y control. Tercero, cumplimiento de obligaciones internacionales. Y, sobre todo, centralidad de las víctimas en toda política pública.
Si algunos temas hoy no están en los planes de gobierno, debemos seguir poniéndolos en la agenda pública. Es necesario que las candidaturas reparen en estas problemáticas y se comprometan a afrontarlas con seriedad, evidencia y responsabilidad constitucional. La protección de derechos no es una bandera partidaria; es la base misma de una democracia digna y sólida.
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