Elvia Barrios Alvarado es abogada, jueza suprema y presidenta de la Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial. En esta entrevista advierte que la desigualdad, los estereotipos y la violencia siguen limitando el acceso de las mujeres a la justicia y a espacios de decisión, y plantea acciones urgentes para fortalecer la respuesta del Estado.
En un contexto de limitada participación de las mujeres en espacios de decisión, ¿qué factores explican las barreras que enfrentan para ejercer plenamente sus derechos y acceder a la justicia?
Las barreras que enfrentamos para ejercer plenamente nuestros derechos responden a múltiples factores interrelacionados. A nivel individual, influyen la historia personal, rasgos de comportamiento y experiencias de violencia. A nivel relacional, inciden las dinámicas de poder, la comunicación y el conflicto en las relaciones. A nivel comunitario, intervienen las estructuras familiares y las interacciones con organizaciones. Finalmente, a nivel social, operan normas y desigualdades en el acceso a recursos y posiciones de poder que perpetúan la desventaja de las mujeres (GTM, 2019).
Un ejemplo se observa cuando una mujer intenta asumir un rol de liderazgo local; en ese proceso puede enfrentar, a nivel individual, inseguridad derivada de experiencias de violencia; a nivel relacional, oposición de su pareja o familia; a nivel comunitario, falta de redes de apoyo; y, a nivel social, estereotipos de género que cuestionan su capacidad.
En este marco, los estereotipos de género influyen en las decisiones institucionales, afectan la credibilidad de las mujeres y pueden generar respuestas inadecuadas del sistema de justicia (MESECVI, 2024).
Asimismo, persiste una desigual distribución del poder, vinculada a estructuras patriarcales que han limitado la participación de las mujeres en espacios de decisión, lo que explica su subrepresentación en cargos públicos y de liderazgo (Comité CEDAW, 2024).
La sobrecarga de responsabilidades de cuidado también constituye una barrera, ya que restringe el tiempo y las oportunidades para participar en la vida pública o sostener procesos judiciales; según la ENUT (2024), las mujeres destinan más del doble de horas a actividades domésticas que los hombres.
Finalmente, la violencia de género opera como un mecanismo de exclusión, desincentivando la participación en los espacios públicos y afectando el acceso efectivo a la justicia.
Desde una mirada de justicia de género, ¿por qué es fundamental visibilizar problemáticas como la trata de personas y la violencia de género en la agenda pública?
Visibilizar estas problemáticas es fundamental, porque permite reconocer que no se trata de hechos aislados, sino de manifestaciones de una desigualdad estructural que afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Sabemos que los estereotipos de género y las relaciones de poder desiguales generan contextos en los que la violencia puede ser normalizada, minimizada o incluso invisibilizada. Cuando ello ocurre, las instituciones del Estado no responden de manera adecuada, lo que contribuye a la impunidad y a la revictimización de las mujeres (MESECVI, 2024).
Asimismo, la violencia de género constituye una forma de discriminación que limita gravemente el ejercicio de los derechos y la participación de las mujeres en la vida pública y en los espacios de decisión (Comité CEDAW, 2024). En ese sentido, incorporar estas problemáticas en la agenda pública permite generar conciencia, fortalecer la acción del Estado y garantizar el acceso a la justicia mediante respuestas adecuadas. Visibilizar la trata de personas y la violencia de género no es solo un acto de denuncia, sino una acción necesaria para prevenir riesgos y avanzar hacia una sociedad donde los derechos de las mujeres sean efectivamente protegidos.
Considerando las altas cifras de violencia contra las mujeres, trata de personas y feminicidios, ¿qué acciones considera prioritarias para fortalecer la respuesta del sistema de justicia y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia?
En primer lugar, es prioritario fortalecer la capacitación permanente de jueces, fiscales, policías y demás operadores de justicia en enfoque de género, para evitar que estereotipos y prejuicios influyan en la valoración de los hechos o en la credibilidad de las víctimas, lo que puede derivar en decisiones injustas o revictimización (MESECVI, 2024).
En segundo lugar, se debe garantizar una investigación diligente y oportuna, con debida diligencia reforzada, que permita sancionar a los responsables y evitar la impunidad. Una respuesta inadecuada no solo vulnera derechos, sino que también desalienta la denuncia.
En tercer lugar, es indispensable fortalecer los mecanismos de protección a las víctimas, asegurando que las medidas de protección sean dictadas con rapidez, supervisadas adecuadamente y adaptadas a las necesidades específicas de cada caso. La protección efectiva puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Asimismo, es necesario implementar acciones para prevenir la violencia dentro y fuera del sistema de justicia, lo que implica combatir la violencia de género en todas sus formas, incluyendo aquella que se produce en el ámbito público, político o institucional, y que puede excluir a las mujeres de los espacios de participación (Comité CEDAW, 2024).
Desde la mirada de la Comisión de Justicia de Género, ¿cuáles son los elementos esenciales que deberían incorporarse en políticas y acciones públicas para enfrentar de manera efectiva la violencia de género, la desigualdad estructural y problemáticas como el embarazo adolescente?
Desde la mirada de la Comisión de Justicia de Género, es fundamental reconocer que la violencia de género, la desigualdad estructural y problemáticas como el embarazo adolescente no son hechos aislados, sino el resultado de factores interrelacionados en distintos niveles. En ese sentido, resulta prioritario fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, mediante la capacitación permanente de los operadores de justicia en enfoque de género, lo que permitirá una actuación más diligente, con investigaciones oportunas que contribuyan a reducir la impunidad.
Asimismo, las políticas públicas deben incorporar un enfoque interseccional que reconozca las múltiples formas de discriminación que afectan a las mujeres, así como fortalecer la educación con enfoque de género como herramienta preventiva, especialmente frente al embarazo adolescente. En este contexto, la educación sexual es clave para brindar información sobre derechos, riesgos e implicancias socioculturales, psicológicas y económicas (ENDES, 2024), aspecto que ha sido dejado de lado por los legisladores actuales al excluirlo del currículo escolar.
En suma, es imprescindible impulsar políticas públicas integrales, que sean sostenidas en el tiempo y cuenten con una asignación presupuestal adecuada, para que permitan el cumplimiento progresivo de los objetivos establecidos. Estas políticas deben estar orientadas a transformar las causas estructurales de la desigualdad y promover la igualdad de género. Solo así será posible garantizar el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de las mujeres y niñas.
Finalmente, desde su rol en el Poder Judicial, ¿qué mensaje considera clave para fortalecer una cultura de respeto a los derechos de las mujeres y promover su ejercicio pleno en la sociedad?
Desde el Poder Judicial, queremos transmitir un mensaje claro y firme a toda la sociedad peruana: la igualdad de género no es una opción, sino una obligación jurídica y ética que nos compromete a todas y todos. En medio de los desafíos que atravesamos como sociedad, reafirmamos que es posible construir un país más justo si trabajamos de manera conjunta. Este compromiso implica promover la participación plena y equitativa de las mujeres en los espacios de decisión, así como fortalecer una educación que, desde sus inicios, contribuya a erradicar la violencia y a formar relaciones basadas en el respeto, la dignidad y la igualdad.
Sabemos que los cambios estructurales no ocurren de un día para otro; sin embargo, también sabemos que cada paso suma y cada acción transforma. Sigamos avanzando juntos, con responsabilidad y convicción, hacia un Perú donde todas las personas puedan vivir con dignidad, libres de violencia y con igualdad de oportunidades. Una justicia que no reconoce la desigualdad no es justicia; solo lo será cuando las mujeres ejerzan sus derechos en condiciones reales de igualdad y estos sean plenamente respetados, protegidos y garantizados.
Referencias
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). (2024). Recomendación general núm. 40 sobre la representación igualitaria e inclusiva de las mujeres en los sistemas de toma de decisiones
Grupo de Trabajo Multisectorial. (2019). Programa presupuestal orientado a resultados de reducción de la violencia contra la mujer. Ministerio de Economía y Finanzas del Perú.
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2025, 1 de agosto). Perú: Nacidos vivos en madres adolescentes 2024. https://www.inei.gob.pe/
Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). (2024). Recomendación general N.º 6 sobre el uso de estereotipos que comprometen la integridad de los sistemas de justicia
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2024). Informe mundial sobre trata de personas de UNODC: el número de víctimas detectadas aumentó un 25% al incrementarse la explotación infantil y los casos de trabajo forzoso. https://www.unodc.org
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