El día 14 de junio el Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó el Reporte Anual sobre la Trata de Personas, el mismo que mantuvo al Perú en el Nivel 2, vale decir como uno de los «países cuyos gobiernos no cumplen plenamente con las normas mínimas para el combate de la trata de personas, pero realizan esfuerzos significativos para lograr el cumplimiento de esas normas».
En cuanto a la trata internacional el informe da cuenta de la situación de víctimas peruanas en países como Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil o Argentina, a donde son llevadas con falsas ofertas de empleo y explotadas sexual o laboralmente en prostíbulos, minas, agricultura, talleres clandestinos, granjas, tiendas de comestibles o venta ambulante.
En materia interna muestra su preocupación por la situación de las víctimas, sobre todo en actividades como la minería, tala de madera, agricultura, fabricación de ladrillos, servidumbre doméstica, producción y trasporte de droga. Especialmente en aquellas zonas donde no existe presencia real del Estado.
Si bien las cifras de casos investigados y procesados muestran un incremento en relación al año 2009, el informe reitera su preocupación por las debilidades subsistentes en la identificación, asistencia y protección de víctimas de este delito. Sobre todo en los aspectos de refugio y protección de la vida.
En ese contexto, el informe pone nuevamente en agenda la fortaleza real del Estado para hacer frente a un delito, cuyo escenario futuro no pinta para mejor. En efecto, si bien lo señala entre líneas, los vínculos entre la trata de personas y otros delitos, como la corrupción, el narcotráfico, el terrorismo y el tráfico ilícito de migrantes, empiezan a generar una sinapsis que el informe advierte.
La trata de personas en el país tiene una evidente vinculación a actividades económicas colaterales de las cuales depende en buena medida, una de ellas, la minería informal, que en la zona sur del país se extiende sin solución de continuidad, empieza a generar impactos incluso mayores a la contaminación ambiental, pues los ingresos que «traslada» a través de la mano de obra que congrega, está convirtiendo a los pequeños bares y locales nocturnos, en verdaderos nodos del crimen organizado.
Esta combinación, puede llegar a poner a algunas regiones del país, en una situación similar a la mejicana y convertir lo que hoy es aún manejable en un problema de seguridad pública.
La creciente demanda de mano de obra en actividades agrícolas o extractivas como la tala de madera, se incrementan a un ritmo superior a la capacidad del sector trabajo para verificar a través de sus inspectores, el cumplimiento de normas laborales básicas o constatar situaciones de explotación.
Las ofertas de empleo en paneles, ferias, radios locales y el traslado de víctimas en rutas convencionales, pasan delante de las autoridades sin que se haga nada al respecto. Los establecimientos que notoriamente han cambiado de giro para convertirse en centros de trata de personas o lugares de captación de víctimas, se incrementan y se convierten en zonas liberadas por donde nadie quiere pasar.
Los innumerables papeleos para lograr que una víctima ingrese a un Centro de Atención Residencial, sin contar los gastos de retorno a su lugar de origen y la protección de su vida, ponen en jaque al sistema.
La visión «oficial» de la trata de personas, se estrella con la realidad del problema. En muchos lugares del país la cultura del padrinazgo o la entrega de menores de edad se mantiene tan arraigado como las propias ansias de superación en un país de migrantes. Los riesgos al entregar a sus hijos se minimizan ante la necesidad.
El carácter dinámico de la trata de personas, presenta entonces un escenario actual totalmente ajeno al de hace apenas cinco años. El Perú ha avanzado notablemente en lo normativo, pero lo institucional, vale decir lo perdurable, aún no logra el desarrollo que el reto plantea.
Mientras los tratantes se conforman solamente con obtener un beneficio económico y escapar de la justicia, la institucionalidad prevista en las políticas públicas, requiere prevenir, proteger y perseguir el delito.
En ese contexto, el escenario futuro dependerá de la capacidad de respuesta pública a un problema complejo. Esperemos que el próximo informe nos encuentre mejor preparados.
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