Uno se pregunta qué es más absurdo que ocurra en el Perú: que una joven explotada sexualmente en un bar desde los 14 años lleve en su vientre durante días el cadáver de su feto y nadie se escandalice por esto -se denuncie a los culpables-, o que una asociación de bares y cantinas -sí, una asociación- que en el fondo no es más que una fachada de prostíbulos clandestinos se niegue a abandonar sus locaciones en el centro de Paita y, por el contrario, amenace de muerte al alcalde por su pretensión.
Peor aún, este año fueron denunciados ocho personas en Sechura por explotación sexual: dos de ellas salieron libres del proceso judicial pese a que se demostró que en sus bares trabajaban niñas de 15 y 17 años. Fue la misma sociedad civil de la provincia quien se rebeló ante ese fallo a través de una protesta en las calles y logró que se reabrieran los casos.
Hoy, hasta el mismo Presidente de la Corte de Piura habría reconocido la necesidad de volver a revisar los criterios de esos juicios.
No estamos hablando de un pequeño pueblo situado en las fronteras recónditas del país: nos referimos a toda una región -con ocho provincias y más de un millón y medio de habitantes- en la que la trata de personas se ha convertido en un hecho común. Porque Piura goza ahora de un acelerado auge comercial no solo por la actividad de sus puertos -puertos que no son controlados y en los que campea la delincuencia- sino también por la minería informal que se desarrolla en la zona andina.
La minería informal -ya lo sabemos bien por el caso Madre de Dios- es sinónimo de campamentos en los que proliferan los servicios sexuales, sobre todo de menores de edad.
La minería informal -también lo sabemos por el caso Madre de Dios- es sinónimo de campamentos en los que niños y adultos son explotados laboralmente, muchas veces a riesgo de su salud y sin que se les reconozca derechos elementales.
No en vano fue en Piura donde Jhinna Pinchi fue explotada sexualmente durante dos años, laborando en un nightclub que funcionaba dentro de la misma ciudad. Y así como ella, hay cientos de casos de jóvenes provincianos que son repartidos a lo largo de ciudades como Sullana, Sechura, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba, Bayóvar, la misma Piura: un sistema tolerado por casi todos los alcaldes -con regidores que a veces apoyan los burdeles clandestinos- de la región.
O esa red de trata ha corrompido a las autoridades, o las autoridades no saben reconocer el delito.
De la entrevista de esta edición se desprende que en Piura nadie conoce con exactitud la cantidad de casos de explotación sexual y laboral que allí ocurren. CHS Alternativo maneja una cifra -la del Registro y Estadística del Delito de Trata de Personas de la PNP- pero es obvio que resulta pobre e inverosímil para la magnitud de la región: quince casos desde el año 2004: un subregistro de la realidad.
Considerando todo esto es que el 17 de noviembre se instaló una Comisión Regional de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes de Piura, gracias a los esfuerzos de la sociedad civil -como Radio Cutivalú, parte de la red de Veeduría Regionales de Mirada Ciudadana-, el Gobierno Regional de Piura y las oficinas representantes de varios ministerios del Estado. La medida tiene como fin diseñar políticas públicas que sensibilicen a la población sobre este crimen.
Una de estas políticas será, por ejemplo, una campaña educativa que se difundirá en colegios, hospitales, hoteles y empresas de transporte.
La Mesa Multisectorial de Prevención y Atención en Violencia Familiar y Sexual de Piura -que participó activamente en la formación de esta Comisión Regional- también acaba de obtener otro logro: la reapertura de una casa refugio donde se puede atender a cincuenta víctimas de explotación sexual. Y lo mismo: ya se está planteando construir otra en Vice, un distrito muy crítico en la región.
Al menos ahora la Policía y la Fiscalía ya no tendrán que decir que no saben hacia dónde llevar a las víctimas rescatadas en los operativos.
O los gobiernos locales empieza a reproducir y perfeccionar estas iniciativas dentro de sus jurisdicciones, o Piura seguirá siendo la misma región en la que nuestro Premio Nobel se inspiró hace cincuenta años para La Casa Verde, su célebre segundo libro: ese donde habla de una red de explotación sexual y prostitución.
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