El caso de las tres mujeres norteamericanas que fueron dadas por desaparecidas y rescatadas luego de un cautiverio que duró entre 10 y 12 años, nos obliga a reflexionar y preguntarnos ¿qué ocurre en el país con las personas desaparecidas?, ¿cuántas de ellas resultan siendo víctimas de delitos? y ¿cuántos casos son realmente investigados por la Policía Nacional del Perú?
Hablan las cifras
De acuerdo al portal Personas Desaparecidas a cargo de la Policía Nacional del Perú, cada año desaparecen en Lima más de un millar de personas. Entre los años 2004 y 2013 se registraron 9,323 personas desaparecidas, siendo el 60% mujeres (5,552).
El 42% de desaparecidos tenían entre 15 y 20 años al momento de la denuncia, mientras que el 24% entre 21 y 35 años.
A nivel nacional no hay cifras oficiales pese a que la División de Personas Desaparecidas desde el año 1986 tiene jurisdicción nacional y la Ley 28022 del Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas creó un registro central en el año 2003.
No obstante, se estima que a nivel nacional la cifra de Lima se multiplicaría por 10, siendo cerca de 10,000 personas las que desaparecen al año. A ello debe sumarse el subregistro de las mismas, por dificultades en el acceso a dependencias policiales o la errónea costumbrede esperar 24 horas antes de recibir la denuncia.
Políticas públicas
Con cifras globales o sin ellas, lo cierto es que enfrentamos una ausencia de políticas públicas en este campo. Si consideramos que aproximadamente el 20% de la población total del país es adolescente, que el 80% de los delitos contra la libertad sexual registrados por la Policía Nacional entre los años 2000 y 2009 se perpetró en contra menores de edad y que según el Sistema RETA PNP el 40% de las víctimas de trata de personas son menores de edad, queda clara la necesidad de implementar una política pública dirigida a la prevención del sector más vulnerable, así como a la investigación real de las denuncias.
Más que un delito
En el caso Cleveland, si bien se investiga aún el móvil del delito, todo indica que la finalidad de su retención habría sido la esclavitud sexual. En todo caso habrá que estar atentos para conocer los delitos que finalmente serán imputados: trata de personas, secuestro o violación sexual.
En una editorial anterior hablamos de la Alerta Amber como mecanismos de búsqueda rápida en casos de menores de edad, especialmente si consideramos que las primeras horas son fundamentales para encontrar a las víctimas. Práctica que por cierto debiera institucionalizarse en el país.
Lejos de los hechos descritos, el caso Cleveland debería ayudarnos a tener una mayor comprensión sobre los alcances reales de una desaparición, ya que como vemos la persona desaparecida puede terminar siendo una víctima de un deplorable delito como el secuestro, la violación, trata de personas entre otros.
Y ya conocemos las lamentables consecuencias para las víctimas, incluso cuando logran escapar o son rescatadas. A todo ello es mejor tomar acciones preventivas.
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