Cada fin de año, acostumbramos hacer un balance sobre los avances y desafíos de la lucha contra la trata de personas en el país, con miras a promover una agenda mínima en este campo.
Si tuviésemos que asignar una calificación a la labor global del Estado, sería lamentablemente desaprobatoria. Pues como sucede en otros ámbitos, la gestión de las políticas públicas en este campo es deficitaria. Esta afirmación la hacemos con el pesar de saber que se puede hacer mucho más pero se requiere una clara voluntad política que no existe por parte del Poder Ejecutivo.
Salvo algunas iniciativas regionales o nacionales (léase Ministerios), por asignar presupuestos, realizar acciones de visibilidad e información o capacitar a sus operadores, se ha dejado el tema en manos de sus cuadros técnicos comprometidos pero sin respaldo político y sin recursos para emprender la difícil hazaña de enfrentar un problema en crecimiento.
Como muestra un botón.
El informe anual que debía realizar en el mes de setiembre el Premier y el Ministro del Interior ante el pleno del Congreso se postergó y en el corto plazo no tiene fecha de realización. El presupuesto público que se debía asignar para implementar el Plan Nacional contra la Trata de Personas continúa siendo exiguo. En el 2013, la asistencia y protección a víctimas dejó de ser una prioridad en el presupuesto nacional, continuó la carencia de Centros de Atención Residencial y, a nivel local, el tema estuvo ausente.
Miles de víctimas continuaron esclavizadas y otras siendo rescatadas no accedieron a servicios públicos de calidad (CHS Alternativo, Querol 2013. Más allá del rescate. Trata de personas: buenas y malas prácticas en la protección de sus derechos).
Lo más preocupante, es que parece haberse instalado cierta resistencia en parte del sector público a asumir las recomendaciones, balances y propuestas de la sociedad civil. Su baja receptividad al Informe Alternativo presentado en el mes de setiembre del 2013 es una muestra de ello.
El retroceso del Estado en territorios gobernados por la informalidad, el delito, la corrupción y actividades ilegales, fortaleció el hábitat que requiere la trata de personas para reproducirse.
Mucho por hacer.
Durante este año se ha continuado con la implementación de Mesas Regionales contra la trata de personas, se elaboraron planes e impulsaron con éxito acciones macro-regionales o provinciales en Piura, Loreto, Ayacucho y otras regiones del país. Algunas de ellas asumieron iniciativas de diagnóstico y presupuesto. Decenas de funcionarios públicos de diverso nivel mostraron su indignación ante el problema y mostraron su compromiso personal en múltiples acciones.
Se emitió la primera sentencia en el caso “La Noche”, que muestra que es posible sancionar a los tratantes a pesar de que han sido protegidos por funcionarios corruptos. Lo urgente es lograr la búsqueda y captura del reo contumaz Carlos Chávez Montenegro.
Negar la realidad no es afrontar el problema.
La percepción de la población sobre la trata de personas nos indica que no existe lugar en el país donde no se presente un caso de trata. Situación que quedó en evidencia en una encuesta nacional realizada por nuestra organización (CHS Alternativo. Valdés. 2013. Percepción y realidad: ¿hay trata de personas en el Perú?).
La agenda:
En este escenario de necesidades, existen al menos cinco temas que debieran ser asumidos en el año que está por iniciar:
- Presupuesto público: Sin recursos económicos es imposible implementar seriamente una política pública que combata este delito. Responsabilidad que corresponde a todos los niveles de gobierno y al Congreso de incluirla por lo menos en el debate de la Ley general de presupuesto público. Mención aparte merecen los gobiernos locales que poco o nada han hecho al respecto.
- Perfeccionamiento legislativo: a) Considerando las limitaciones de la administración de justicia para la interpretación uniforme y predecible del tipo penal de trata de personas es necesario perfeccionar el artículo 153 del Código Penal, referido al delito base de de dicho delito; b) incluir una legislación de protección de los derechos de las víctimas reconociendo su calidad de sujetos de protección.
- Liderazgo: Probablemente sea lo más ausente en la gestión de las políticas públicas en este campo. La designación de un relator especial y la creación de un organismo público con competencia exclusiva para enfrentar la trata de personas es imprescindible.
- Prevención: Las víctimas lo son, porque además del engaño para captarlas, viven desde la niñez en medio de un mar de omisiones. La violencia, la falta de cuidado, la ausencia de sistemas de protección de derechos, la desinformación, los prejuicios, los roles asignados a los niños y mujeres, así como la falta de oportunidades, dejan el campo libre y listo para tratantes y enganchadores.
En suma, el 2014 será un año de desafíos para todos los que permanentemente desarrollamos estrategias para enfrentar esta situación. Lograr un presupuesto público adecuado será para nuestra organización el principal reto.
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