Loreto en los últimos años ha presentado una evolución económica social con grandes desequilibrios, caracterizada por una oferta de servicios públicos que excluye a buena parte de la población. Adicionalmente, sus características geográficas representan un desafío importante para el desarrollo social debido a su extensión, y difícil acceso (transporte eminentemente fluvial).
En relación a los problemas sociales que aquejan a la infancia y adolescencia, además del trabajo infantil a edades precoces, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes (ESNNA) es una de las formas más frecuentes de violencia hacia los menores de edad en la región Loreto.
La explotación de menores es un fenómeno delictivo multicausal, que tiene como variables estructurales en la región Loreto, el índice de pobreza, el desempleo, la exclusión social y los bajos índices educativos de la población.
Aunque se sabe de un importante número de casos de ESNNA en Loreto, es evidente que la identificación de casos y la denuncia, se hacen con frecuencia difíciles, debido a la lejanía de las instituciones que podrían darles apoyo. A esto se suma la tolerancia social respecto a la explotación sexual de adolescentes, en la región. El conjunto favorece una situación de impunidad para los explotadores y de vulnerabilidad para las víctimas y sus familias.
En los últimos años iniciativas multisectoriales han priorizado la sensibilización en torno a la ESNNA y la Trata de Personas, buscando prevenir estos delitos. Organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y población en general han adquirido una mayor comprensión del fenómeno.
A pesar de eso, sigue primando un escaso empoderamiento de las familias loretanas en relación a su función y rol en la protección y promoción de derechos de la infancia y adolescencia. La violencia intrafamiliar es un elemento evidente y omnipresente y que con frecuencia convive con indicios de explotación laboral y o sexual.
El sistema oficial RETA-PNP da cuenta de casos de trata de personas, en las que adolescentes fueron captadas con falsas ofertas laborales, y trasladadas de Iquitos y ciudades aledañas, a diversos lugares del Perú, para finalmente terminar siendo explotadas. Solo en la Región Loreto han sido registrados 51 casos de trata de personas, 69 adultos (1 hombre, 68 mujeres), 63 menores de edad (7 hombres, 56 mujeres). 36 casos con fines de explotación sexual, 10 con fines de explotación laboral, 1 por venta de niños y 9 por trata de personas en general (mixta o por determinarse).
Lo alcanzado en la prevención de la ESNNA y Trata ha partido de un diagnóstico de la dimensión del problema en Iquitos y de un cambio en las prioridades políticas de la Región y de la actuación multisectorial. Actualmente se enfrentan diversos obstáculos para la planificación de acciones que amplíen su intervención a las otras provincias de la región y que sean viables a mediano y largo plazo en función de la trasferencia de fondos que permitan su ejecución efectiva.
La atención a víctimas (contención, recuperación y protección), ha ampliado su oferta de servicios, por ejemplo el Ministerio Público realiza esfuerzos para implementar la Sala de Entrevista Única, sin alcanzar aún los objetivos por la falta de profesionales. Por su parte el MIMDES ha ampliado su cobertura, con la implementación del Centro de Emergencia Mujer en la provincia de Nauta.
Simultáneamente organizaciones no gubernamentales han llegado a la Región a sumar esfuerzos en la lucha contra la ESNNA y la trata de personas. Sin embargo, la región carece del número suficiente de hogares transitorios o albergues para ofrecer una atención oportuna y de calidad que proporcione un verdadero sistema de protección y recuperación.
En cuanto a la sanción, observamos que hasta abril del 2011 se han producido sólo siete sentencias con hasta 12 años de pena privativa de libertad. Esto indica que sólo el 14% de los casos han sido resueltos judicialmente. Pese a ello, el índice en otras regiones del país es mucho menor.
De lo expuesto, se advierte que es necesario incluir en la agenda pública (en materia programática y presupuestal) a la niñez como prioridad, fortaleciendo las capacidades técnicas y de gestión de los operadores involucrados y fomentando un mayor compromiso de las autoridades para reconocer como sujetos de derechos a los niños, niñas y adolescentes víctimas de cualquier tipo de explotación.
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