A fines del mes pasado, el 27 de marzo, culminó en Buenos Aires la «II Reunión de Autoridades Nacionales en Materia de Trata de Personas» de la OEA. El Perú tuvo la oportunidad de exponer sobre las buenas prácticas y los avances en la lucha contra este delito.
Fueron parte de la exposición los logros a nivel del marco normativo (la ley contra la trata y su reglamento), los avances a nivel de los mecanismos de fiscalización del Estado, como la Sub Comisión de Lucha contra la Trata del Congreso de la República y la incorporación del tema en la agenda de la Defensoría del Pueblo; y , por último, la primera Veeduría Ciudadana Contra la Trata de Personas, el Tráfico Ilícito de Migrantes y las Personas Desaparecidas a cargo de la sociedad civil (Mirada Ciudadana).
También se mencionaron los avances en los procedimientos tecnológicos para el registro, la investigación y la denuncia, como el Sistema RETA-PNP (único en América Latina) y la línea 0800-23232; así como las múltiples actividades del Estado, de los organismos no gubernamentales y de la cooperación internacional las cuales fueron presentadas en una matriz con indicadores y resultados.
Sin embargo la delegación peruana también intervino para llamar a la reflexión sobre aspectos que ameritaban resaltarse. Reporte Alternativo coincide con dichos aspectos.
En efecto, nuestros países deben hacer un mayor esfuerzo para dotar de un documento de identidad a menores de edad con el fin de mitigar los riesgos de que estos puedan ser traficados por ser seres «invisibles» en la sociedad. Ello a su vez llevó a la reflexión sobre la necesidad de acentuar los esfuerzos en la prevención y pronta ubicación de las personas desaparecidas, por el alto riesgo de que ellas puedan ser captadas por las redes de tratantes.
También se llamó la atención sobre la necesidad de incluir en el currículum de formación profesional, los temas de trata de personas y desaparecidos, así como sus factores de riesgo y protección. En ese sentido, recomendamos leer en este número la entrevista al jefe de la Escuela de Capacitación y Especialización Policial, en la línea de lo que el Perú planteaba en Buenos Aires como una necesidad.
Otros dos temas sobre los que el Perú llamó la atención, por un lado incluir a nivel de la responsabilidad social de las empresas, la vigilancia de los estándares de conducta de las empresas que les proveen servicios. Se citaron algunos ejemplos en dónde estas empresas «tercerizadas» eran parte de la demanda de servicios sexuales de menores de edad.
Por otro lado, en la intervención se llamó la atención sobre la inmensa responsabilidad que recae en nuestros Estados para regular la actividad empresarial informal, citamos:
«El sector privado formal está supervisado y controlado. Pero nos olvidamos de ese gran segmento, el sector informal tan extendido en nuestros países, en donde se encuentran los casos más flagrantes de explotación laboral».
«La informalidad supone mano de obra barata y, con frecuencia, en condiciones de explotación. Pensamos que debemos recomendar una mayor vigilancia por parte del Estado hacia el sector informal y exhortar a los Gobiernos a que desarrollen las políticas para reducir la informalidad empresarial y laboral».
Finalmente una última reflexión al margen del evento de Buenos Aires.
Hemos sido testigos de la muerte de varios integrantes de una patrulla militar en Ayacucho. Lamentamos las muertes y las circunstancias que las han generado. Nada justifica tanto dolor.
Pero, como podrán apreciar en las noticias, el menor de edad fallecido en la filas del Ejercito, era tan sólo uno de los 22 menores de edad reclutados en Ucayali ¿Es esto posible? ¿Es aceptable? No olvidemos que en países de la región, la participación de menores de edad en actividades armadas (es cierto, como parte de las fuerzas irregulares) es considerada trata de personas. En medio de un escenario de buenas prácticas ¿Nuestro Estado puede permitir esta situación?
Puede leer también:
No hay comentarios aún