El pasado 28 de octubre, a iniciativa de la señora congresista Rosario Sasieta, se conformó al interior de la Comisión de Justicia y Derechos del Congreso de la República, el Grupo de Trabajo contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Pocos días después los medios de comunicación informaron que de acuerdo al proyecto de reglamento de la Ley 28950 contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, el MIMDES no albergaría a las víctimas de trata de personas (El Comercio 01/11/08), a la par que otros medios informaban la presencia de organizaciones criminales dedicadas al tráfico ilícito de migrantes (Andina 01/11/08).
En ese contexto Reporte Alternativo entrevistó a la señora Rosario Sasieta, para conocer los objetivos del Grupo de Trabajo y su punto de vista sobre el contexto actual de la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes en el Perú.
¿Cuáles son los objetivos que persigue la creación del Grupo de Trabajo contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes?
Partiendo del hecho de que la trata de personas constituye un delito que vulnera derechos fundamentales, que atenta contra la dignidad del ser humano, que reduce su condición de tal a la calidad de mercancía, no en vano se le conoce como la esclavitud del siglo XXI, es que los objetivos del Grupo de Trabajo van a enmarcarse en la coordinación con el Poder Ejecutivo para la aprobación del Reglamento de la Ley Nº 28950.
Pero ¿cuál es la importancia del Reglamento?, su importancia radica en que nos explica cómo aplicar la ley, una ley nos dice para qué es, qué regula, en tanto que el Reglamento nos indica cómo aplicar esa ley.
Los operadores de justicia, partiendo por la Policía Nacional, deben ser sumamente cuidadosos al recibir las denuncias, deben conocer los delitos y las conductas que se sancionan; por la naturaleza de este tipo de delitos es posible que se confunda con otros tipos penales, por ello la importancia en que la Policía se capacite, así por ejemplo, no debe confundirse el delito de proxenetismo o rufianismo con el de trata de personas, o el delito de estafa con el delito de tráfico ilícito de migrantes.
Además, tenemos previsto solicitar información al Poder Ejecutivo acerca de las acciones realizadas por cada uno de los Sectores, para la implementación de las políticas públicas en materia de trata de personas y sus vinculaciones con el tráfico ilícito de migrantes y las personas desaparecidas, asimismo se va a coordinar la realización de seminarios y audiencias públicas descentralizadas para conocer la magnitud de la problemática a nivel nacional y recibir las demandas ciudadanas en dichas materias.
¿Cuáles son las primeras acciones que realizará el Grupo de Trabajo?
Hace una semana que la conformación del Grupo de Trabajo fue aprobada por la Comisión de Justicia en forma unánime, podríamos decir que nuestras acciones se dividen en tres aspectos, uno de formalización, es decir la instalación del Grupo, la elaboración y aprobación del Plan de Trabajo, y el otro relacionado propiamente con los objetivos y contenidos en dicho Plan, vale decir, la citación a los integrantes de la Comisión Multisectorial a fin de que en las sesiones del Grupo se puedan conocer los avances de la elaboración del Reglamento. Finalmente el tercer aspecto, va a constituir la realización eventos que informen y capaciten a los operadores de justicia y a las autoridades; y principalmente a la población.
¿Qué opinión le merece el hecho de que el proyecto de reglamento de la ley Nº 28950 contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, haya retirado la obligación del MIMDES de brindar alojamiento transitorio a las víctimas?
Considero una decisión un tanto peligrosa, particularmente para las víctimas de estos delitos así como para el Estado, quien estaría sustrayéndose de sus obligaciones y responsabilidades. Recordemos que el Perú ha suscrito importantes documentos internacionales tales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, así como los Protocolos para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños. Estos compromisos internacionales asumidos por el Perú establecen las directrices que deben implementarse en nuestro ordenamiento jurídico.
En relación a que funcionarios del MIMDES hayan manifestado de que por temas presupuestales no están en la disposición de atender a las víctimas de estos delitos; coincido con la propuesta de la ministra Carmen Vildoso, planteada en la sesión conjunta de las Comisiones de Descentralización y Mujer y Desarrollo Social el día martes último, sobre la pertinencia de que en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) se señale explícitamente que el MIMDES puede coordinar la ayuda del sector privado y de la cooperación internacional a implementación de estos albergues.
Sabemos que el Reglamento de la Ley 28950 aún no ha sido aprobado y que se encuentra actualmente en el MININTER pendiente de aprobación, ¿que opinión le merece esta situación?
Actualmente, por los temas coyunturales entiendo que el trabajo debe retomarse, tal vez por el hecho de ser una comisión multisectorial integrada por varios ministerios les dificulte hacer las coordinaciones; sin embargo la población no puede estar desatendida mientras estas redes de explotación humana siguen operando.
Reconozco los esfuerzos del Ministerio del Interior, la conformación de la División contra la trata de Personas, la implementación del Plan RETA; por ello confío en que siendo el Ministerio del Interior quien preside esta Comisión podamos realizar las coordinaciones respectivas; por ello la incorporación de estos delitos en el Código Penal a través de la Ley Nº 28950.
El día jueves 6 de noviembre, en el pleno del Congreso usted hace una petición al Premier Yehude Simon respecto a la aprobación del reglamento…
Efectivamente, solicito que entre las acciones de lucha contra el crimen organizado, que se incluya la aprobación del reglamento de la ley Nº 28950, explicándole al Premier que entró en vigencia el 17 de enero del 2007 y en su sexta disposición final decía que en 30 días salía el reglamento. Han transcurrido 21 meses y hasta la fecha han pasado 3 ministros del interior y el reglamento no sale. Nuestra preocupación afecta los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes. En tanto el reglamento no se emita las bandas organizadas seguirán operando y reclutando a sus victimas afectando su dignidad y reducir su condición humana.
Asimismo hice un llamado a los ministros de Salud, Trabajo, a la ministra de la Mujer y de Justicia para que se logre este propósito a la brevedad a través de la Comisión Multisectorial, de la cual es responsable el Ministro del Interior y es él precisamente a quién no le debe temblar la mano para que este reglamento sea aprobado rápidamente en este mes. Las niñas, niños y las mujeres no pueden esperar más.
Hay que anotar que de acuerdo al Código Penal, este retrazo, podría acarrear responsabilidad en aplicación del artículo 377, que el Grupo de Trabajo que coordino evaluará como parte de sus acciones.
¿Qué le pediría a los medios de comunicación para lograr los objetivos del Grupo de Trabajo que usted coordina?
El rol que compete a la prensa es de suma importancia, yo recurriría al aspecto pedagógico de la Ley, es decir, a conocerla y a través de ella saber cuáles son los ilícitos penales, qué bienes jurídicos protegen; de tal forma que se sepa las conductas que están tipificadas en el Código Penal y que en caso de realizar estas conductas, significa que va a incurrir en alguna forma de responsabilidad penal y por tanto ser sujeto de una pena.
Por tanto, la consecuencia jurídica, es decir, la pena o medida de seguridad, constituye en una especie de soporte coactivo orientado a que el ciudadano se abstenga de realizar dicha.
El aspecto más importante de la prensa o de los medios de comunicación, en mi opinión es la información que puede transmitir a los ciudadanos, a aquellos que son víctimas de este tipo de delitos, que sepan que existe tal vez un número gratuito a donde comunicarse y pedir ayuda, que sepan que el Estado tiene casas refugio a donde acudir; las víctimas de trata, particularmente los niños y niñas víctimas de explotación sexual, están en un grado de indefensión y vulnerabilidad que requieren este tipo de ayuda por parte del Estado.
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